El Gobierno de Canarias ha exigido formalmente al Estado una reforma profunda del modelo de financiación autonómica, denunciando que el sistema actual vulnera el principio de igualdad entre los ciudadanos españoles. El Ejecutivo regional sostiene que el archipiélago recibe recursos insuficientes en comparación con otras comunidades, lo que dificulta la prestación de servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación y las políticas sociales en las mismas condiciones de calidad que en el resto del territorio nacional.

Asimismo, Canarias reclama que el nuevo modelo reconozca plenamente las especificidades ultraperiféricas y los costes adicionales derivados de la insularidad y la lejanía. El objetivo es lograr un reparto más justo y equilibrado que no solo garantice la suficiencia financiera de las islas, sino que también respete el fuero canario y el Régimen Económico y Fiscal (REF), asegurando que el crecimiento económico se traduzca en una mejora real del bienestar para toda la población canaria.